Situación representante estudiantil ante el Consejo Académico

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SITUACIÓN REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO

Secretaria general informa que: en fecha de 4 de septiembre de 2013, el juzgado séptimo civil del circuito en el resuelve, denegó, acción de tutela del exrepresentante estudiantil WILSON RAFAEL SARMATIN MENDOZA, contra la Universidad del Atlántico.

El fundamento jurídico del fallo de tutela, del accionante WILSON RAFAEL SARMATIN MENDOZA, es el siguiente:

“EL CASO CONCRETO.

En el caso en estudio encontramos que el accionante estima vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y a elegir y ser elegido, en atención a que habiendo sido electo representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, dicho consejo por instrucciones directas de su presidenta la Rectora de la Universidad del Atlántico Dra. ANA SOFIA MESA DE CUERVO, fue desligado de la representación estudiantil para la que fuera elegido por un periodo de 2 años, con el argumento de que el accionante no ostenta la calidad de estudiante.

Notificada la entidad demandada esta rinde el informe solicitado por esta agencia judicial en los siguientes términos:

En primer término afirma algunos hechos de la tutela y niega otros como por ejemplo que contrario a lo afirmado por el accionante, el Consejo Académico según el Acuerdo Superior No. 000010 del 2 de Diciembre de 2009 por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Académico de la Universidad del Atlántico en su art. 19 establece que entre las funciones del referido consejo, está la de estudiar todo lo relacionado con las situaciones académicas y disciplinarias de los estudiantes de pregrado y posgrado, en el marco de la normatividad vigente, por lo que si tiene facultades para decidir sobre la situación académica y disciplinaria del accionante, que la convocatoria del accionante para la sesión del 9 de Agosto/13 donde se estudiaría sobre su situación estudiantil, obedeció a un error de la persona encargada de hacer convocatoria, pues ya se había decidido en sesión anterior que la perdida de la calidad de estudiante el accionante, así como tampoco es cierto que se le negó el derecho a la defensa y contradicción, porque en la sesión del 31 de Julio/2013. Se le escucharon sus argumentos ejerciendo su derechos,  que no les consta que el accionante esté realizando judicatura, practicas a las que se puede acceder de manera voluntaria, en cuanto a los seminarios presenciales alega que estos están establecidos como una opción de requisito de grado, para el programa de ciencias jurídicas, oportunidad que brinda la Universidad a los egresados no graduados para no realizar preparatorios o para los egresados graduados como capacitación. Sobre el programa de pregrado de Licenciatura en Español y Literatura de la facultad de Ciencias de la Educación, el accionante realizó matrícula académica y financiera para el periodo 2012-2 encontrándose actualmente inactivo y finalmente sobre el programa de posgrado de especialización en Derecho Procesal Civil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB- en convenio con la Universidad del Atlántico, el accionante no aporta documento probatorio de que realizó matricula financiera, además este convenio entre las universidades establece que Aquella es la responsable de dicho programa, se compromete a prestar el servicio académico propio del programa, que el titulo lo otorga la UNAB previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes acorde con lo anterior, manifiesta que, el accionante de haberse matriculado en el programa de especialización, no es estudiante de la Universidad del Atlántico. Como conclusión el accionante culminó sus estudios de derecho, luego se matricula para el programa de pregrado del programa de Licenciatura en Español y cursa el primer semestre encontrándose actualmente Inactivo y para el periodo 2013-1 no aparece activo en ningún programa de la Universidad y tiene la calidad de egresado en el programa de derecho desde el 17 de Julio/12, por lo que de acuerdo a estas consideraciones el accionante WILSON RAFAEL SANMARTIN MENDOZA al no tener matricula académica ni financiera en ningún programa, perdió automáticamente la calidad de representante estudiantil ante el Consejo Académico. Solicitando negar la tutela interpuesta habida cuenta que no existió vulneración de los derechos invocados con la decisión adoptada por el Consejo de la Universidad accionada.

CONSIDERACIOENS DEL DESPACHO.

El principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la Ley, ha sido concebido por la Corte “como un principio de autodeterminación derivado de la Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines académicos que se plantea”..

Reiteradamente esa Corporación se ha pronunciado sobre el derecho a la educación y a la autonomía universitaria, garantías que frecuentemente entran en conflicto. Así, ha sostenido que aunque es posible que las instituciones educativas creen sus propios reglamentos, tal regulación no puede desconocer u obstaculizar la materialización del núcleo esencial del derecho a la educación, el cual consiste en el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo

Ahora bien, en cuanto al contenido y alcance del derecho a la autonomía universitaria, la Corte ha indicado que en virtud de éste, lo que se garantiza es que las Universidades puedan autorregularse administrativa y académicamente. En particular, la Corte en la sentencia T-703 de 2008, en la que estudio el caso de un miembro de una comunidad indígena que aplico para ingresar a la universidad a cursar sus estudios superiores, la cual negó su ingreso por no encontrarse reconocida su calidad de indígena, pese a que las autoridades mayores del cabildo lo certificaban como miembro de la comunidad, la Corte expresó que la autonomía universitaria consiste en la posibilidad para los centros educativos de: “(i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y recursos.

De la misma manera, la Corte ha precisado que a pesar de la naturaleza constitucional del principio de autonomía universitaria y de su importancia en el Estado Social de Derecho, no es dable sostener que sea absoluto, y por tanto, que no encuentre límites de ninguna especie. Por el contrario, ha concluido que en su ejercicio, las instituciones educativas deben respetar los valores y principios consagrados en la Constitución, así como respetar y garantizar los derechos Fundamentales, entre otros, de sus estudiantes”.

Entonces, es claro para la Corte que, si bien en materia de educación superior las universidades materializan su derecho a la autonomía universitaria a través de la creación de los reglamentos estudiantiles y estatutos que rigen las relaciones académicas y contractuales entre los estudiantes, los docentes y las directivas, dichas normas no predominan sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, entre ellos el de la educación, de forma que no pueden utilizarse como fundamento o motivación para su desconocimiento.

Conforme al problema jurídico de fondo que plantea el presente asunto, es claro que debe determinarse si el accionante, al haber culminado sus estudios de pregrado perdió o no la calidad de estudiante de la Universidad del Atlántico, para así saber si cumple con los requisitos exigidos para ostentar la calidad de representante estudiantil.

Puntualizado lo anterior, encuentra el despacho necesario establecer, que conforme a la ley 552/99 en su art 2° se estipula que “El estudiante que haya terminado las materias del pensum académico antes de la entrada en vigencia de la presente ley elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura”.

La citada norma hace referencia a la categoría de estudiante para referirse a quinees habiendo culminado el pensum académico, deben cumplir con el requisito de la judicatura o monografía jurídica para optar y obtener el título de abogado , de lo anterior puede inferirse tanto aquellos que se encuentran cursando las materias previstas en el pensum académico como los que han terminado las materias  y se encuentran cumpliendo con algunas de estas dos alternativas, ostentan la calidad de estudiante para el legislador.

No obstante lo anterior de conformidad con el Acuerdo Superior 000010 de Diciembre 2/09 por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo Académico de la propia institución, señala en el capítulo de las autoridades y el gobierno como una de tales autoridades al Consejo Académico, el cual estará compuesto entre otros por un representante de los estudiantes, quien deberá estar matriculado financiera y académicamente en un programa regular de pregrado o de posgrado y con un promedio igual o superior a 4.0, elegidos por los estudiantes regulares, para un periodo de 2 años.

Como se aprecia en los apartes señalados, según el Reglamento Interno del Consejo Académico de la Universidad accionada, la matrícula financiera y académica lo califican para que pueda tener la condición de representante estudiantil.

De otra parte, revisadas otras pruebas que militan en el expediente, a folio 18-23 aparece copia de la Resolución No. 000529/12 por medio del cual se reglamenta y se fija el cronograma para la elección de los representantes estudiantiles, el cual indica en el Art. 3° cuales son los requisitos de inscripción de los aspirantes a representantes estudiantiles, señalando como tales: a) Ser estudiante de la Universidad del Atlántico, matriculado financiera y académicamente en un programa regular con un promedio igual o superior a 3.50… Agregando en el parágrafo que los representantes estudiantiles pueden ser estudiantes de pregrado o posgrado, entiendo como estudiante de posgrado aquellos que están matriculados en un programa ofrecido directamente por la Universidad del Atlántico. De igual manera obra a folio 75 certificado que da cuenta de que el señor WILSON RAFAEL DE JESUUS SANMARTIN MENDOZA pertenece al programa de derecho de esa institución, que el estudiante antes mencionado inicio sus estudios en el primer periodo del año 2007 y culminó su plan de estudios en el primer periodo del año 2012 y que su estado actual es EGRESADO.

Sobre la base de lo anterior, es plausible afirmar, sin mayores consideraciones, que a la luz de lo dispuesto en la citada norma interna de la Universidad del Atlántico, si bien el señor WILSON RAFAEL DE JESUUS SANMARTIN MENDOZA, tiene la condición de estudiante, en la medida que culmino el pensum académico del programa de derecho y está cumpliendo con los requisitos para optar al título de abogado mediante la realización de judicatura ad-honoren, no es menos cierto que no cumple con los requisitos exigidos para ser representante estudiantil, que es el motivo por el que se lo está separando del cargo, tanto es así que a folio 134 del plenario obra comunicación dirigida al accionante en la que se le informa que el Consejo Académico en sesión del 31 de Julio/13, decidió separarlo del cargo de representación estudiantil que venía desempeñando, por cuanto ya no tiene la calidad de ESTUDIANTE “ACTIVO” de la Universidad del Atlántico…

Bajo el anterior criterio, no solo se trata de ser estudiante para poder ser representante estudiantil, sino que se requiere ser estudiante –activo. De la universidad, calidad que se obtiene al estar matriculado financiera y académicamente a un programa regular de la universidad sea en pregrado o en posgrado.

De lo anterior se desprende que el tuteante, no cumple con los requisitos para ser representante estudiantil, según los requisitos establecidos en el Reglamento Interno del Consejo Académico expedido en ejercicio de su autonomía universitaria, Motivo por el cual este juzgado llega al convencimiento de que la entidad accionada no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y al derecho a elegir y ser elegido invocados por el accionante; por lo que denegara la presente acción de tutela.

DECISION.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA administrando justicia en nombre de la REPUBLICA y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

  1. Denegar la tutela del derecho fundamental al debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido, promovida por el accionante señor WILSON RAFAEL DE JESUUS SANMARTIN MENDOZA contra de la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
  2. Notifíquese este fallo a las partes por marconigrama o cualquier otro medio expedito.
  3. Notifíquese y remítase copia de éste fallo a la Defensoría del Pueblo para lo de su competencia.
  4. De no ser impugnado este fallo remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LA JUEZ

 

BETTY LUZ BENVIDES AGUAS

 

REF: 2013-00248 Tutela

Olr.”

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