La Universidad del Atlántico informa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general:

En desarrollo de los procesos judiciales relacionados con decisiones administrativas adoptadas por esta Rectoría, es importante informar con claridad y responsabilidad sobre los hechos recientes y su alcance institucional.

En primer lugar, la Universidad promovió ante el Consejo Superior la creación de una nueva instancia directiva —la Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial—, con el propósito de responder a una necesidad institucional estructural, cual es la regionalización, y ampliar su capacidad estratégica con la presencia territorial efectiva en el departamento; y también dar cumplimiento material, real y jurídicamente viable a la orden de reintegro impartida por autoridad judicial en sede de tutela, a favor del doctor Álvaro González Aguilar.

No obstante, el propio doctor González ha manifestado de manera expresa e inequívoca su decisión de no aceptar el cargo ofrecido, insistiendo en su reintegro exclusivo al cargo de vicerrector de Bienestar Universitario.

Este hecho resulta determinante, en la medida en que evidencia que la Universidad sí desplegó actuaciones concretas de cumplimiento y que la no materialización del mismo no obedece a una conducta omisiva o renuente de la administración, sino a la posición adoptada por el accionante frente a las alternativas contempladas en el fallo judicial.

En segundo lugar, en relación con la situación del actual vicerrector de Bienestar Universitario, doctor Wilson Quimbayo, se ha configurado un nuevo escenario jurídico derivado de la notificación de una acción de tutela promovida por su parte, que incide directamente sobre su permanencia en el referido cargo, la cual se encuentra en trámite.

Por otro lado, el juzgado de primera instancia ante el cual se tramita el incidente de desacato del fallo proferido en la acción de tutela, en la cual funge como accionante el doctor Álvaro González Aguilar, dictó providencia que declaró la nulidad del auto que ordenó la apertura del período probatorio, lo cual retrotrae el trámite de la referida etapa procesal, hecho de especial relevancia, en tanto:

• Permite reabrir el análisis sobre el cumplimiento de la orden judicial.
• Habilita a la Universidad para aportar de manera integral las pruebas de las actuaciones adelantadas.
• Consolida un espacio procesal idóneo para demostrar que la administración ha actuado con diligencia, buena fe y dentro del marco de la legalidad.

Este nuevo contexto no solo restablece las garantías del debido proceso, sino que constituye una oportunidad jurídica clara para acreditar que la Universidad sí ha desplegado acciones reales y verificables orientadas al cumplimiento del fallo.

La Universidad del Atlántico reitera que:

• Ha actuado de manera diligente y responsable desde el primer momento.
• Ha promovido soluciones estructurales, no meramente formales.
• Ha respetado la autonomía universitaria y las competencias del Consejo Superior.
• Ha buscado armonizar el cumplimiento judicial con la estabilidad institucional.

En ese sentido, es importante señalar que el cumplimiento de una orden judicial es un proceso que debe garantizar simultáneamente:

• La legalidad de las decisiones.
• El respeto por el debido proceso.
• La protección de derechos de terceros.
• Y la estabilidad institucional.

La Universidad del Atlántico reafirma su compromiso con el respeto a las decisiones judiciales, así como con la defensa de la institucionalidad y el interés general.

Seguiremos actuando con transparencia, responsabilidad y firmeza en la consolidación de una universidad pública al servicio de la región y del país.