En las últimas horas se ha conocido la decisión adoptada por el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del trámite de una medida cautelar relacionada con las resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de las medidas especiales de vigilancia sobre la Universidad del Atlántico.

Como ciudadano respetuoso de las instituciones y como rector de esta universidad, expreso mi absoluto respeto por las decisiones judiciales y por la autonomía de los jueces de la República.

Precisamente por ese respeto, ejerceremos los mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico prevé para solicitar la aclaración y complementación de algunos aspectos de la providencia, con el único propósito de que exista plena certeza sobre su alcance y sobre la forma en que debe ejecutarse.

No se trata de controvertir la autoridad del Tribunal.

Se trata de garantizar que una decisión de tanta trascendencia para la Universidad se aplique con absoluta claridad jurídica y sin generar incertidumbre institucional.

La Universidad del Atlántico no es únicamente una controversia procesal.

Es una comunidad integrada por miles de estudiantes, profesores, trabajadores y familias que esperan estabilidad, continuidad y confianza en sus instituciones.

Durante estos meses, la Universidad ha recuperado plenamente la prestación del servicio académico, ha normalizado su calendario, ha fortalecido sus procesos administrativos, ha abierto espacios de diálogo con todos los estamentos y ha emprendido decisiones estratégicas para el fortalecimiento de la calidad académica, entre ellas el proceso de formalización docente previsto en el Decreto 391 de 2025.

Esos avances pertenecen a la Universidad.

No pertenecen a una persona.

Por ello, cualquier actuación futura deberá tener siempre como prioridad la protección del servicio público de educación superior y la preservación de la estabilidad institucional alcanzada.

Quiero hacer una afirmación serena, pero firme.

Nunca he entendido esta responsabilidad como una disputa personal.

Acepté la designación realizada por el Ministerio de Educación Nacional para contribuir a superar una de las crisis institucionales más profundas que ha vivido nuestra Universidad, generada por los hechos ocurridos durante el proceso de elección del rector, los cuales aún son materia de investigación.

Los resultados obtenidos son verificables y pertenecen al esfuerzo colectivo de profesores, estudiantes, trabajadores, directivos y de toda la comunidad universitaria.

Confío plenamente en que los mecanismos jurídicos previstos por la ley permitirán despejar las dudas que aún subsisten respecto del alcance de la providencia judicial, particularmente en lo relacionado con la ejecución de la medida, la representación legal de la Universidad y la continuidad institucional.

Mientras ello ocurre, reitero mi compromiso con el respeto por las instituciones, por la justicia y, sobre todo, por la Universidad del Atlántico.

La historia demostrará que siempre actuamos guiados por un solo propósito: proteger la Universidad y garantizar que jamás volviera a interrumpirse el derecho de miles de jóvenes a recibir educación pública de calidad.

No se trata de la defensa de un cargo, lo que la mayoría uniatlanticenses defienden, repetimos, es la continuidad de una institución que hoy funciona, presta el servicio público de educación superior de calidad y ha recuperado la confianza de su comunidad.

Rafael Castillo Pacheco
Rector de la Universidad del Atlántico