Corte Constitucional revoca tutelas falladas contra UniAtlántico por Tribunal Administrativo

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Corte Constitucional revoca tutelas falladas contra Universidad del Atlántico por Tribunal Administrativo

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en reciente sentencia,revocò diez (10) acciones de tutelas que contra la Universidad del Atlántico había fallado, en decisiones de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, según informó el Secretario General de la institución, Gaspar Hernández Caamaño.

La Sentencia T – 762 tiene fecha del 21 de septiembre del 2011, pero solo fue remitida, por la Secretaria General de la Corte Constitucional el pasado 10 de abril para su cumplimiento, tanto a sus juzgados de origen  como al Tribunal.

Conocido el importante fallo de Revisión de la Corte Constitucional, ultima instancia en acciones de Tutelas, la Señora Rectora de la Universidad del Atlántico Dra. Ana Sofía Mesa de Cuervo, declaró que ese pronunciamiento judicial ratifica la posición de defensa de los intereses de la Institución frente a acciones judiciales montadas en contravía de los requisitos legales y jurisprudenciales para afectar la reestructuración administrativa en curso y consolidar la salvación financiera de la Universidad. Y demuestra, enfatizo, que contra la Universidad se ha venido adelantando un sistemático plan de desestabilización promovido por extrabajadores, abogados litigantes y funcionarios judiciales.

La Sala Primera de Revisión de Tutelas estuvo integrada por el Ex – Magistrado Juan Carlos Henao Pérez y los Magistrados Mauricio González Cuervo y María Victoria Calle Correa, que fue la ponente y presidente de dicha Sala.

Causa de la revocatoria. La Corte Constitucional a instancia de las Directivas de la Universidad del Atlántico, adelantó la revisión de un grupo de acciones de tutelas que trabajadores y empleados presentaron luego que sus cargos fueron suprimidos dentro del proceso de reestructuración administrativa que desde el 2007 se adelanta en el Alma Mater, como mecanismo para hacerla viable financiera y académicamente.

Las acciones fueron instauradas entre el 2009 y el 2010, tres años después de haber comunicado el acto administrativo de supresión de cargos que ocupaban cada uno de los accionantes que alegaron violación de Derechos Fundamentales.

La Corte considero que tales acciones constitucionales “no cumple con el requisito de inmediatez, ya que fueron interpuestas mucho tiempo después de la presunta vulneración a sus derechos, sin una justificación suficiente para ello”. Argumento que había sido presentado por los apoderados del Alma Mater en las oportunidades procesales.

Los accionantes. Las acciones de tutelas revocadas fueron presentadas por las siguientes personas: Norma Cristina Coll Díaz, Yomaira Esther Salazar Castellano, Nelly Avendaño De Pérez, Luz Marina Garcia De Alba, Bertha Elisa Marín Herrón, Santiago José Gastelbondo Pérez, Orlando Carbonell De La Hoz, Asmel De Jesús Perea Olivares, Luis Jacinto Villa Álvarez, Oscar Enrique Sarmiento Estrada.

Estas personas ocupaban, para el año 2007,  cargos diversos en la Universidad como aseadoras, supernumerarios, técnicos y auxiliares administrativos y jefe de adquisiciones y suministros. Cargos que en la reestructuración fueron suprimidos por decisión que autorizo el Consejo Superior Universitario y que ejecuto la Rectoría, Dra. Ana Sofía Mesa de Cuervo.

Derechos alegados. La Corte en sentencia anotada hace un resumen de los argumentos que los actores presentaron para pedir  el amparo constitucional, los cuales se pueden resumir así: Violación del Derecho a la Igualdad, del derecho a la estabilidad laboral reforzada, y el derecho al debido proceso. Además alegaron que son personas de tercera edad, cabezas de familia y prepensionables y que eran beneficiarios de la garantía del retén social contenida en la Ley 790 de 2002.

En razón a tales argumentos solicitaron que al ampararse esos derechos individualmente estudiados, se ordenara su reintegro a los cargos que desempeñaban  “pagándoles los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro”. Pretensiones que le concedió, a cada accionante, el Tribunal Administrativo del Atlántico al conocer de las impugnaciones que  presentaron los accionantes al fallo de primera instancia que  las había negado en cada caso particular.

Los fallos. En primera instancia las acciones anotadas, excepto la del Sr. Oscar Enrique Sarmiento Estrada, fueron falladas a favor de la accionada, por improcedencia en razón a la extemporaneidad de la acción. Los Juzgados Administrativos del Circuito de Barranquilla que conocieron y fallaron fueron el Primero, Sexto, Noveno, Decimo y Once.

En segunda instancia las acciones las conocieron el Tribunal del Atlántico, que en diversas Salas, revocaron los fallos de primera instancia y concedieron el amparo constitucional ordenando el reintegro y pagos reclamados. A estos fallos la Universidad le ha dado cumplimiento reintegrando y cancelando salarios y prestaciones sociales millonarias.

Entre los Magistrados que intervinieron en dichos fallos, ahora revocados en revisión por la Corte Constitucional, se encuentra el Exmagistrado Hernando Duarte Chinchilla y los doctores Ángel Hernández, Cristóbal Christiansen y Judith Romero.

La Corte reseña que el único Magistrado que hizo salvamento de voto, apoyando las decisiones de primera instancia sobre la extemporaneidad de las acciones, fue el Dr. Luis Carlos Martelo Maldonado. Y en todos los fallos se declaró IMPEDIDO  el Magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez, en razón a que un pariente suyo es empleado de la Universidad reintegrada inicialmente por acción de tutela.

Caso especial. En la misma sentencia donde se revocan los diez fallos de tutelas dictados por el Tribunal Administrativo, la Corte CONFIRMA una de las acciones promovidas extemporáneamente contra la Universidad. Es el caso de la señora Hortensia Cassis Padilla.

En este caso la Corte aplica un tratamiento especial porque considera que a pesar de no cumplir con el requisito de la inmediatez, la accionante es una paciente oncológica, condición que es considerada razón suficiente para recibir una protección diferente que les garantice, por esa discapacidad física, una estabilidad laboral reforzada.

La Corte aplica, en este caso, el beneficio del Reten Social, apartándose del argumento esgrimido por la Universidad que el Reten Social no es aplicable a los entes universitarios autónomos por no pertenecer estos a la estructura funcional del Poder Ejecutivo, por no ser un ente territorial, posición que había prohijado el Consejo de Estado en otros caso de Tutela que conoció en apelación, por acciones contra la Universidad.

Por su parte el Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad, Dr. Ricardo Consuegra manifestó que ya se están preparando los actos administrativos, caso por caso, que ejecuten la decisión judicial de la Corte Constitucional que permite aplicar la desvinculación laboral ordenada por la reestructuración administrativa. E inmediatamente se cumple el fallo se procederá a adelantar las acciones legales pertinentes para que los beneficiados con las sentencias del Tribunal Administrativo procedan a devolver los dineros recibidos en amparo de esas decisiones ahora revocadas.

Cualquier información adicional pueden comunicarse con el doctor Gaspar Hernández Caamaño, Secretario General de la universidad al teléfono 3197010 ext.1045

 

Mgs GILBERTO MARENCO BETTER
Asesor Comunicaciones Corporativas
Universidad del Atlántico

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